NOTA DE PRENSA
Fiscalía informó a la Comisión de Fiscalización que
Presidenta Boluarte
se negó a declarar y a mostrar sus relojes Rolex dos veces
Durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización y Contraloría, el Fiscal Adjunto Supremo Hernán Mendoza Salvador
dijo que su institución inició diligencias preliminares por 60 días contra la
Presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de
consignación de información en su declaración jurada luego de conocerse que
poseía, por lo menos, tres relojes Rolex.
Como parte de las diligencias reservadas, la Fiscalía tenía
previsto tomar su declaración y la exhibición de al menos tres de sus relojes
de alta gama, pero la Presidenta no concurrió a sus dos citaciones ayer y hoy.
Por el contrario, el Fiscal Mendoza agregó que ante la
inasistencia de la mandataria, acudieron a su casa para cumplir con la
diligencia pero “no les abrieron la puerta”. Y, agregó, cuando fueron a Palacio
de Gobierno, Boluarte tampoco los recibió, lo cual hace ver el poco interés de
la Presidenta en revelar el origen de sus lujosos relojes.
Ante esta evidente obstrucción a la justicia por parte de la
Primera Dama, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Congresista
Segundo Montalvo Cubas indicó que citará nuevamente, de urgencia, al Fiscal de
la Nación, doctor Juan Carlos Villena, para que esclarezca esta situación al
país.
Por otro lado, el Contralor General de la República, doctor
Nelson Shack Yalta, indicó que la semana pasada inició un nuevo servicio de
recopilación y evaluación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y
rentas desde febrero de 2022 a febrero de 2024 de la Presidenta Boluarte.
Shack recordó que en una anterior auditoría a las
declaraciones juradas de ingresos, bienes, rentas e intereses desde setiembre
de 2021 a enero de 2022 encontró impedimentos de Nicanor Boluarte y Alfredo
Pezo, hermano y cuñado de la mandataria, respectivamente, para contratar con el
Estado, situación que a la fecha estaría en investigación en el Ministerio
Público, acotó el Presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.
Perjuicios millonarios por corrupción
Entre otros temas tocados por la Comisión de Fiscalización,
el Contralor también indicó que hasta enero de 2024 se registraron 2 205 obras
paralizadas en el Perú, con un costo actualizado de S/ 26 262 millones y el
saldo de inversión de S/ 13 393 millones, liderando el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones con 682 obras paralizadas, “ante lo cual debemos
trabajar en acciones conjuntas”, señaló Nelson Shack.
Shack agregó que el 70% de todos esos proyectos son menores a
S/5 millones de inversión y muchos tienen más de 10 años de antigüedad, en
tanto el 30% de las obras paralizadas tienen 75% de ejecución. Ninguna de estas
obras ha podido ser reactivada pese a la existencia de la Ley 31589, la cual,
paradójicamente, garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas.
El Contralor General indicó también que solo en el año 2023
el Estado invirtió más de 16 mil millones de soles en consultorías, por lo que
en el segundo trimestre de este año su institución hará un megaoperativo a
nivel nacional en este tema, con la finalidad de cautelar el buen uso de los
recursos del Estado.
También indicó que se hicieron 705 informes de control
posterior sobre el Covid 19 (2020-2023), observando el monto de S/ 965.06
millones, hallándose a 2 041 funcionarios con responsabilidades
administrativas, civiles y penales, que se encuentran publicadas en su página
web.
Finalmente, Shack detalló que el perjuicio e incidencia por
corrupción e inconducta funcional durante el año 2023 a nivel de todos los
niveles de gobierno (nacional, regional y local) fue de S/ 24 268 millones,
siendo a nivel del gobierno nacional S/ 11 992 millones.
Culminó su exposición señalando que se deben promover
propuestas legislativas multifuncionales en las que participen de manera
conjunta todos los entes involucrados en las acciones de control, lo cual
generará un impacto positivo para el Estado y la sociedad.
Proyectos de ley a favor de obras públicas
Por otro lado, la congresista Margot Palacios, de Perú Libre,
sustentó su Proyecto de Ley 6356 que impulsa la ejecución de obras públicas
bajo la modalidad de administración directa y fortalece la inversión de los
gobiernos regionales y locales.
Además, el congresista Jorge Marticorena, del Grupo
Parlamentario Perú Bicentenario, también sustentó su Proyecto de Ley 6277 que
incluye a los contratistas del Estado como civilmente responsables en el ámbito
del control gubernamental.
